La Asamblea Jáchal No Se Toca presentó una normativa para proteger el acuífero de Huachi

La iniciativa surgió con la finalidad de asegurar la conservación del acuífero y su zona de influencia, frente a proyectos megamineros.

Por Guillermo Alamino

 

La Asamblea Jáchal No Se Toca presentó un proyecto de ley para preservar el reservorio de agua de Huachi, que abastece a la Ciudad de Jáchal para consumo humano.

“Necesitamos que este proyecto sea convertido en ley y que se protejan los 76 km de diámetro de zona de exclusión, que proponemos los jachalleros”, expresó Domingo Jofré, integrante de la organización.

La normativa tiene como objetivo establecer la defensa del Acuífero de Pampa del Chañar (o comúnmente llamado Acuífero de Huachi) y de toda su zona de influencia, en el marco del artículo 41 de la Constitución Nacional.

De esta manera prohíbe “toda prospección, cateo, exploración y explotación de minería metalífera y/o de minería de elementos radiactivos (uranio, torio, etc.); la extracción de agua para las actividades antes mencionadas; la instalación de escombreras, valles de lixiviación, depósitos de estériles,  procesamiento y/o disposición final de residuos mineros, cualquiera sea el lugar de origen; el acopio, almacenamiento o transporte de elementos como el cianuro o el mercurio, que pueden provocar la contaminación crónica e irreversible del mencionado acuífero ”.

Además, se basa en “los principios precautorio y preventivo establecidos en la Ley Nacional General del Ambiente 25.675, manteniendo los alrededores del acuífero Pampa del Chañar o acuífero de Huachi libre de daños y contaminación que puedan ser irreversibles” (artículo 4° del proyecto).

Cabe destacar que el área mencionada se encuentra en peligro por el avance del emprendimiento megaminero “Esperanza”, a cargo de la multinacional Centenera Mining.  Desde el Gobierno provincial aseguran que el yacimiento no afectará las aguas subterráneas, pero el pueblo jachallero no tiene confianza debido a los  antecedentes de derrames de cianuro en Veladero y el posterior ocultamiento de información sobre el hecho.

Por último,  la legislación permite a cualquier ciudadano jachallero iniciar acciones judiciales para hacer efectivo el cumplimiento de la ley,  solicitando el cese definitivo del incumplimiento y las sanciones para las personas, sociedades, directivos y/o funcionarios estatales infractores.

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