Solicitada del Directorio del Foro de Abogados ante el incremento de las nuevas alícuotas de sellado

A continuación compartimos el comunicado del Foro de Abogados ante los nuevos incrementos de los sellos en el Poder Judicial.

POR UNA JUSTICIA PARA TODOS

Normalmente, sólo un gobierno muy seguro de sí mismo es capaz de rectificar sus decisiones. Aspiramos que sea el caso del Gobierno Provincial, a quien peticionamos por la presente a rectificar la Ley 1.698-I (publicada en el Boletín Oficial el 27/12/2017) que en lo atinente a las “actuaciones ante la administración de justicia – nuevas alícuotas de sellado” ha incrementado desproporcionada e irrazonablemente las denominadas “tasas de justicia”.

Tal incremento de las tasas judiciales vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y rompe con la igualdad que proclama la Constitución Provincial. La ilegitimidad de la norma lo determina la circunstancia de no respetar el principio de proporcionalidad en función de la capacidad económica de los ciudadanos. Las nuevas tasas de justicia claramente no respetan dicho principio, afectando el derecho constitucional al acceso a la justicia. Al limitar un derecho fundamental (acceso a la justicia) en función de los recursos económicos que tengan los ciudadanos, en la Provincia de San Juan el justiciable queda dividido entre los que podrán seguir acudiendo a los tribunales porque podrán pagar las tasas de justicia (“ricos”) y quienes no podrán hacerlo por su encarecimiento (“pobres”).

La inconstitucionalidad de las nuevas tasas judiciales afectan nuestro sistema de derechos y libertades; es decir, al propio Estado de Derecho, cuya esencia radica en que todos podamos disponer y acceder a la protección de los Tribunales. El incremento de las “tasas de justicia” va en contra de la ciudadanía, pues discrimina la posibilidad de acceso al servicio público en función de la capacidad económica del justiciable. Se consagra así, por vía tributaria, un Estado donde ya no todos somos iguales ante la ley.

La norma, además de consagrar la desigualdad, resulta irritante al excluir del pago de toda tasa judicial a la Fiscalía de Estado (Provincia de San Juan) quien sí contará con el gratuito servicio de justicia (en realidad, subsidiado por el sector privado) consolidando una vieja política de hacer del Estado Provincial un “Estado judicialmente invencible”, precepto errado, pues solo ha consagrado un “Estado Irresponsable”.

De suyo es que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Pero existe una democracia participativa, que no es aquella que tira piedras a un edificio legislativo, sino que colabora en las comisiones legislativas para aportar ideas, propuestas para que las leyes resuelvan problemas sociales. No para provocarlos. La Ley 1.698-I constituye un ejemplo de cómo legislando sin convocar a instituciones -como el Foro de Abogados- se comenten errores que afectan a la Constitución, a la ciudadanía en general e, incluso, a la misma Provincia de San Juan ¿Como explican los legisladores, que aprobaron a libro cerrado el proyecto de ley impositiva, a quienes buscan justicia que mientras la Provincia de San Juan firma un “pacto fiscal” con la Nación -para eliminar impuestos distorsivos y mantener el gasto constante en términos reales- San Juan aumenta las tasas de justicias (más impuestos que tasas) afectando el acceso a la justicia y al derecho a la tutela judicial efectiva, aupando una desigualdad social que no consagra la Constitución?

Es hora que el Gobierno Provincial (y la política en general) honestamente explique a la ciudadanía que quiere hacer con el Poder Judicial. El aumento de las tasas judiciales es otra vuelta de tuerca en una involución que afecta la administración de Justicia. Concursos de ingresos y ascensos amañados para favorecer a propios e incondicionales. Proyecto faraónico de construcción de una Ciudad Judicial mientras la indignidad edilicia degrada a los justiciables y domina las actividades de abogados, empleados judiciales, funcionarios y magistrados de la Constitución. Una justicia que, en términos generales, ha acostumbrado a la sociedad a reglas vinculadas al acomodo y a la morosidad en los trámites judiciales.

El Poder Judicial puede ser revitalizado, si el poder político así lo quiere. Los Órganos del Estado deben redimir al Poder Judicial, porque su nivel de deterioro afecta la división de poderes y, con ello, la plena vigencia de la Constitución. Con las nuevas y exorbitantes tasas judiciales, directamente se está excluyendo a una mayoría de sanjuaninos a tener justicia.

Foro de Abogados de San Juan

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