Concentración económica, un tema tabú en la política nacional

Argentina tiene un mercado concentrado en pocas empresas que genera distorsiones en los precios finales de los consumidores.

Por Guillermo Alamino                                                                                                                       

En la agenda política poco se habla de la concentración económica que sufre nuestro país por la prevalencia de grandes empresas. De hecho, cuando se discute la inflación los economistas generalmente hacen hincapié en causas vinculadas al monetarismo, dejando de lado las características monopólicas de la estructura económica nacional.

Los complejos productivos actualmente presentan un significativo grado de concentración y poca competencia en algunos eslabones de la cadena de producción. Según la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia más del 70% del mercado de jabón y detergentes para ropa se encuentra en manos de la compañía Unilever; cuatro empresas concentran el 75% de la venta final y el mercado minorista de la yerba mate; el 67% de la producción de acero no planchado lo mantiene ACINDAR; el 40% de la  distribución de productos lácteos se canaliza a través de los supermercados e hipermercados; el 6% de los productores concentra el 54% de la producción de soja; el 80% de las tarjetas de créditos y el 74% de débitos fueron emitidas por accionistas del grupo PRISMA, etc.

Por otro lado, el Centro de la Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (CIGES) afirma que en el mercado del pan elaborado por la firma Fargo/Bimbo concentra el 80% de la producción; las cervezas son producidas en un 82% por 2 empresas (Quilmes el 66% con sus marcas Palermo, Andes, Norte y Bieckert, y Brahma con el 16%) y las galletitas son fabricadas en un 78% por tres empresas (Kraft, Arcor y Danone).

“Ni la concentración económica ni la extranjerización han sido temas considerados y debatidos en la agenda pública a pesar de la gran incidencia que tienen en la determinación de aspectos económicos centrales, tales como la distribución del ingreso, la inflación, la inversión, el saldo del balance de pagos, el empleo y las cuentas fiscales. Tampoco los estudios de investigadores y académicos resultan prolíficos en esta materia”, declara CIGES sobre esta incesante problemática. A esto se suman las empresas de servicios públicos que cobran exorbitantes tarifas que perjudican el poder adquisitivo de los trabajadores.

Al respecto, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa viene cuestionado la distorsión  de precios provocados por la posición dominante de los monopolios. “Las diferencias están determinadas por un conjunto de comportamientos, algunos especulativos de diferentes actores del mercado, básicamente de las grandes cadenas de supermercados que se abusan de su posición dominante en el mercado”, indicó la organización empresarial respecto a la elevada brecha entre el precio de origen y destino de los productos agrícolas.

Cabe destacar que continua en vigencia el decreto 2284/91 de desregulación económica, el cual desarticuló la mayoría de los organizamos estatales de contralor, como las juntas reguladoras.

La contracara de la concentración es el empobrecimiento del pueblo argentino. Es necesario establecer medidas que garanticen precios justos y una distribución equitativa de la riqueza. Empezar a discutir este tópico en la agenda pública puede ser un gran paso en pos de lograr una sociedad más justa.

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